El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, destacó este miércoles 29 de mayo el impulso a la economía social en la Comunidad por parte de la Junta de Castilla y León y cifró en 25 millones de euros el montante de las ayudas que el ejecutivo autonómico concederá este año al empleo con discapacidad y al fomento de las cooperativas. En concreto, más de 24 millones estarán destinados a la integración laboral de trabajadores con discapacidad en centros de especiales de empleo, mientras que el resto será para cooperativas y sociedades laborales.
Fernández Carriedo, que realizó estas declaraciones antes de presidir el Consejo Regional de Economía Social, recalcó la importancia que tiene en Castilla y León la economía social, con más de 4.000 entidades, que dan empleo directo a más de 30.000 trabajadores y que facturan 4.000 millones de euros al año. “Estamos ante un sector que, al igual que el resto de la economía regional, viene creciendo y generando empleo en los últimos años”, aseveró.
El consejero también resaltó el nuevo convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Empleo, las asociaciones que agrupan a los centros especiales de empleo y empresas de inserción y entidades financieras, para anticipar las subvenciones públicas a los costes laborales de los centros especiales de empleo.
Además, también se refirió a la entrada en vigor de la nueva Ley de Cooperativas de Castilla y León, aprobada por unanimidad de todos los grupos de las Cortes el pasado mes de junio, y aunque reconoció que aún es pronto para hacer balance de la nueva normativa, indicó que en el último año se han creado 23 nuevas sociedades cooperativas en la Comunidad, lo que sitúa en 2.129 el número de cooperativas en la Comunidad, que dan empleo a casi 10.000 trabajadores.
En cuanto a las ayudas para la integración laboral de trabajadores con discapacidad en los centros de especiales de empleo, desde la Junta se informó que ya se han publicado las líneas de apoyo para financiar los costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo; el pago de cuotas de la seguridad social a los trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único; los costes salariales de trabajadores en exclusión social en las empresas de inserción; el 25 por ciento del SMI de los costes salariales para las nuevas contrataciones de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades en los centros especiales de empleo y las dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas del trabajo autónomo y de la economía social.
Asimismo, se han convocado ya las subvenciones dirigidas a la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo; las subvenciones destinadas a empresas de inserción laboral para el personal de acompañamiento; para la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, adaptación de sus puestos y al tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo. De la misma forma, se han convocado ya las ayudas correspondientes a la extensión de la tarifa plana de los autónomos.
Además, forma inmediata se publicarán las líneas de ayuda con nuevas características, correspondientes a la constitución de empresas de economía social por trabajadores provenientes de empresas en crisis o que provengan de cierre de empresa por jubilación, invalidez o fallecimiento del empresario; para promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia agrarios; y finalmente para impulsar la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos de los habitantes de los municipios mineros de León y Palencia afectados por procesos de cierre de unidades de producción de minería del carbón.
También se publicarán las subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros especiales de empleo; para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en cooperativas y sociedades laborales; para el empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
