Los empresarios de Burgos y Soria apoyan la prórroga del estado de alarma y exigen la suspensión del pago de impuestos

El presidente de Cecale, Santiago Aparicio, en un acto en Soria.
Los empresarios han advertido de que podría hacer más profunda la recesión económica en la que aseguraron ya están sumidos muchos sectores y empresas, especialmente pymes y autónomos, debido a la caída "drástica" de la oferta y demanda de bienes y servicios, por imposición legal a causa de motivos sanitarios.

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y sus organizaciones territoriales, entre ellas las de Burgos y Soria, han mostrado el apoyo a la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril, como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para combatir al coronavirus. No obstante, reclamó la suspensión del pago de impuestos, entre otras medidas. 

En un comunicado, la patronal reiteró su apoyo a las decisiones de las autoridades sanitarias. "Los empresarios estamos alineados con la necesidad de salvaguardar de forma prioritaria la salud y la seguridad de los ciudadanos", indicaron y confiaron en que este nuevo plazo sirva para acelerar la salida de la actual crisis sanitaria.

Sin embargo, los empresarios han advertido de que podría hacer más profunda la recesión económica en la que aseguraron ya están sumidos muchos sectores y empresas, especialmente pymes y autónomos, debido a la caída "drástica" de la oferta y demanda de bienes y servicios, por imposición legal a causa de motivos sanitarios.

Por ello, los empresarios instaron al Gobierno a que, de manera "rápida y eficaz", proceda a suspender las obligaciones de pago de impuestos. "Lo que pedimos es que se suspenda el pago de tributos como el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad".

Las organizaciones empresariales, a través de CEOE y CEPYME, ofrecieron su esfuerzo para detectar cuáles son esos sectores y empresas más vulnerables, para aplicar con urgencia dicha suspensión fiscal que ya han adoptado, por otra parte, 22 países europeos y hasta 15 comunidades.

"No cabe ya solicitar aplazamientos, puesto que su tramitación sería en si mismo un nuevo obstáculo para muchas empresas que están ya al borde del cierre", señalaron.

Por otra parte, los empresarios han pedido que se amplíen con carácter inmediato, de los 20.000 millones iniciales a los 50.000 millones de euros, las líneas de avales aprobadas por el Gobierno, para destinar este nuevo tramo especialmente para pymes autónomos.

Por último, para seguir salvaguardando el empleo y lograr, en la medida de lo posible, que la caída de la actividad no se traduzca en mayores niveles de desempleo, insistieron en pedir que se flexibilicen los procesos de regulación temporal de empleo (ERTEs) y que se mantengan después de finalizar el estado de alarma.