Dos años después de las contundentes movilizaciones de agricultores y ganaderos que sacaron a las calles de las ciudades y pueblos a numerosos vehículos, apenas ha cambiado el panorama del sector. Para muchos, el problema está aún peor que en 2024, en medio de una situación calificada de 'insostenible'.
“Aquí seguimos desamparados”, comenta José Luis Arroyo (San Esteban de Gormaz, 1980), quien cree que se ha empeorado aún más la vida y el trabajo del agricultor en estos meses, y a esto se suma la falta de atención que ahora tienen los medios de comunicación sobre los problemas del campo, “pues ahora con tanta guerra, el Trump, Irán y el viaje a la luna, están ocupados en otra cosa”.
Cristian ve repetirse las carencias ya denunciadas el pasado año en una protesta que se podría repetir ahora otra vez.
El objetivo de las movilizaciones de la gente del campo es posicionarse en contra de las políticas 'woke' del país y de la Unión Europea, entre las que incluye el cuaderno digital en el que no van a dar marcha atrás, la excesiva burocracia, las medidas medioambientalistas de la PAC y, como suma a todas las reivindicaciones del pasado año, el acuerdo entre la UE y Mercosur que, piensa la gente del campo, que va a reventar la agricultura y ganadería de los países europeos.
El año 2026 empezaba fuerte en reivindicaciones para evitar la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Las principales agrupaciones agrícolas y ganaderas de España desarrolladas tractoradas por todo el país entre el 16 y el 30 de enero. Quienes dependen del agro ven su ruina en el libre mercado entre los países europeos y los pertenecientes a Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) quitando los aranceles y el libre comercio de los diferentes sectores comerciales entre los países.
Las últimas movilizaciones han recordado a las realizadas en 2025.
Uno de los principales puntos de conflicto es la desigualdad en las exigencias productivas. Mientras que a los agricultores europeos se les imponen estrictas normativas en materia de productos fitosanitarios, medioambientales y de bienestar animal, estas mismas condiciones no se exigen a los productos importados desde los países del Mercosur.
Esta situación desigual, según el sector, dificulta enormemente la competencia con producciones procedentes de grandes explotaciones, con terrenos mucho más extensos, costes laborales muy inferiores y volúmenes de producción significativamente mayores.Los agricultores advierten de que en algunos de estos países aún se emplean productos químicos fitosanitarios que en la Unión Europea llevan años prohibidos.
Miguel Ángel Aguilera (Alcoba de la Torre, 1968), representante de UNASPI, alerta de que las consecuencias del acuerdo no se limitarán al ámbito económico del campo, sino que afectarán directamente al usuario final del producto. “Este acuerdo va a repercutir en que el consumidor termine consumiendo alimentos de mucha peor calidad, producidos con sustancias que aquí están prohibidas desde hace tiempo”, señala como afectado directo por estas medidas.
El sector también advierte del impacto social que puede tener la aplicación del acuerdo con Mercosur, con el riesgo de cierre de explotaciones, pérdida de empleo y un mayor abandono del medio rural, lo que agravaría el problema de la despoblación en amplias zonas del territorio.
SUBIDA DE PRECIOS POR LA GUERRA
Tras unas semanas de intensa presencia de tractores en las calles y carreteras, llegó una tensa calma, y las protestas, ya en los meses de marzo y abril de 2026, se han localizado en algunas comarcas agrícolas.
A los problemas ya cotidianos se sumaban los efectos de una nueva guerra, tras la invasión y ataques a Irán por EE.UU. e Israel. La primera consecuencia fue el subida del precio de los carburantes. Una nueva manifestación en Valladolid, convocada por las principales centrales sindicales, cargaba contra la especulación en una subida de precio que las centrales agrarias consideraban inasumible. El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo (Ledigos, 1967), denunciaba la situación y reclamaba una intervención rápida y estratégica del Gobierno y de las administraciones para proteger a los agricultores y ganaderos. “Lo que están haciendo es enriquecerse a costa de todos los que lo compramos”.
UNA VIDA SIN RELEVO
José Luis Martínez (Torlengua, 1952) ha dedicado más de medio siglo de su vida al trabajo del campo. Primero lo hizo con la cría de novillos, en el campo soriano cercano a Aragón, y luego como agricultor se fue quedando con numerosas tierras, que abandonaban familias emigrantes a las ciudades en los años ochenta del siglo XX.
El invierno pasado, José Luis, se desprendió de todos los enseres de su trabajo: los dos tractores, la nave, las fincas de cultivo…Ya cumplidos los 73 años, concluyó que ya era tiempo para la jubilación. Había aguantado unos años más por el deseo que tenía de que su hijo Alejandro, ingeniero industrial promotor de Alan Commisioning S.L. desde Zaragoza, pudiera continuar con el trabajo del campo. “Aquí ya tenía algo seguro, pero Alex no ha querido saber nada de todo esto, y mira que algún día pueden venir mal dadas y tiene una familia que mantener”.
Más del 40 por ciento de los agricultores y ganaderos españoles tienen más de 65 años. Quienes se jubilan de la profesión no tienen una continuidad. El 9% de las personas titulares de una explotación agroganadera en España tiene menos de 41 años, y un 8% de las personas beneficiarias de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) son jóvenes, y de ellos solamente el 23% son mujeres.
“Durante muchos años, nos hemos esforzado en dar estudio a los hijos, se marcharon y ya no vuelven”, afirma José Luis, que ni él mismo ya vive en el pueblo, y lo hace a medio camino entre las ciudades de Soria y Zaragoza.
“La ciudad tendrá que tomar conciencia”, comenta el escritor Rafael Navarro (Lorca, 1968), autor de ‘La tierra desnuda’ (Alfaguara, 2019). El escritor está convencido de que la única forma para mantener el campo vivo en las futuras generaciones es “rescatar los valores de la agricultura y ganadería tradicional”.
El ministro de agricultura, Luis Planas, afirmaba el 17 de abril con motivo del Día de las Luchas campesinas, que “el relevo generacional es el reto de los retos”. Desde el Gobierno nacional se busca la movilización de tierras agrarias que son propiedad del Estado para ponerlas a disposición de los jóvenes y han propuesto que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional en el sector agrario. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un elenco de ayudas por 68,4 millones de euros en 2025, abonados en este ejercicio, para fomentar la incorporación de jóvenes y la modernización de las instalaciones.
"Una cosa es las ayudas, y otra la realidad", comenta José Luis Arroyo quien, con cierta melancolía, recuerda que su padre le dejó en herencia "una gran fortuna, que son tierras y manos para labrar, y la mayor parte ya se la han comido los buitres carroñeros".
