Caja Rural de Soria, comprometida con el refuerzo de la sostenibilidad
Caja Rural de Soria ha iniciado una serie de encuentros con distintos grupos de interés. El objetivo de estas reuniones es compartir la visión y el enfoque de la entidad en materia de sostenibilidad y gestión responsable, al tiempo que se recogen opiniones, expectativas y sugerencias por parte de quienes forman parte de su entorno social y económico.
En las primeras sesiones han participado representantes de medios de comunicación e instituciones, junto con el Presidente de la entidad, Carlos Martinez Izquierdo, el director general, Domingo Barca y la Subdirectora General, Maria del Carmen Gil de Gomez, y el equipo de Sostenibilidad de la entidad. Estos encuentros se plantean como espacios para explicar cómo integrará la entidad la información no financiera en su modelo de gestión, en línea con lo que pide la Ley 11/2018.
La próxima semana se continuará con nuevas reuniones dirigidas a clientes, tanto de Soria como del resto del territorio donde opera la Caja, así como a empleados y empleadas. Todo ello forma parte de una evolución dentro del panorama financiero basada en la transparencia, el compromiso con el territorio y el trabajo conjunto hacia una sostenibilidad alineada con la economía real.
Ley 11/2018
La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, obliga a determinadas grandes empresas en España a informar públicamente no solo sobre sus resultados económicos, sino también sobre su impacto social, ambiental y sus políticas de diversidad. Para ello deben elaborar un Estado de Información No Financiera donde expliquen su modelo de negocio, sus riesgos y las medidas que aplican en ámbitos como medio ambiente, condiciones laborales, igualdad, derechos humanos, lucha contra la corrupción y diversidad en sus órganos de administración.
Esta información tiene que ser clara, verificable por un tercero independiente y estar disponible en su web durante varios años. La ley modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría para integrar estas obligaciones, y su objetivo es aumentar la transparencia, la responsabilidad corporativa y la confianza en cómo las empresas gestionan su impacto más allá de lo puramente financiero.