El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) ha presentado ante la Fiscalía de Castilla y León denuncia por negligencia grave por parte de la administración pública en la gestión, prevención y extinción de los incendios forestales que se desarrollaron en Castila y León durante el
verano de 2025, que pueden derivar en responsabilidad penal para funcionarios, altos cargos o autoridades de la Junta de Castilla y León, según el comunicado emitido tras la rueda de prensa desarrollada en Burgos este viernes día 20.
En el marco del Código Penal español, estos hechos pueden imputarse a través de diversas figuras delictivas, principalmente centradas en la omisión del deber de socorro, la prevaricación y los delitos contra el medio ambiente.
Los incendios forestales del verano de 2025 en Castilla y León fueron devastadores, destacando como uno de los peores años del siglo XXI con más de 120.000 hectáreas forestales arrasadas. Se confirmaron cinco fallecidos, incluyendo voluntarios y un bombero, y se produjeron evacuaciones masivas en el oeste de León y Zamora, con daños severos al patrimonio natural, incluyendo amenazas a espacios de extraordinario valor ambiental, paisajístico y patrimonial como Las Médulas.
Los principales daños e impactos se pueden resumir en:
• Impacto Humano y Social: Cinco víctimas mortales (dos voluntarios de desbroce en Zamora y un bombero en León y otras dos por consecuencias directas del fuego). Se produjeron desalojos preventivos en numerosos municipios, con miles de evacuados.
• Destrucción Medioambiental: Casi 150.000 hectáreas forestales calcinadas (siete veces más que la media de la última década), afectando gravemente a la biodiversidad y hábitats naturales, con alto riesgo de erosión y pérdida de nutrientes y suelo fértil, además de contaminación de las aguas por cenizas.
• Daños al Patrimonio: Incendios activos en zonas de alto valor ecológico y cultural, como en la Sierra de la Culebra y el Monumento Natural de Las Médulas (León).
• Impacto Económico: Destrucción de la economía local basada en la apicultura, recolección de setas, turismo rural y explotación maderera, la ganadería, los cultivos, dificultando el desarrollo rural y
aumentando el riesgo de despoblación.
• Incendios de Sexta Generación: Los incendios mostraron un comportamiento extremo (incendios de sexta generación) con alta velocidad e intensidad, dificultando las labores de extinción por parte de medios terrestres y aéreos.
Desde el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) se considera en su denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León contra la Junta de Castilla y León, que la gestión ante los incendios forestales realizada por los responsables políticos del gobierno autonómico fue negligente, poco
profesional e irresponsable, ante situaciones críticas, con actitudes y decisiones que contribuyeron a aumentar los riesgos y los efectos devastadores de los siniestros.
La administración autonómica, a pesar de los destructivos incendios de 2022, que fueron un aviso previo, ha evitado la actualización del decreto Infocal, la normativa básica para la prevención y extinción de incendios, cuya reforma fue exigida por el Procurador del Común en 2018 y que finalmente no se ha aprobado hasta 2025, once años después de la obligación inicial. Este irresponsable retraso ha dejado desprotegidos a muchos municipios con riesgos forestales, comprometiendo la seguridad de las personas, de sus bienes y de sus propiedades.
La gestión forestal de la Junta de Castilla y León ha sido responsable, penalmente a juicio del PARTIDO CASTELLANO.TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) de la intensidad de los daños provocados y de la gravedad de los incendios, ya que hay una creciente privatización encubierta del servicio público de prevención y extinción de incendios a través de contratos fragmentados con empresas privadas, que generan necesidades artificiales para que estas empresas obtuvieran beneficios económicos y recurriendo a organismos como Somacyl o la Fundación Patrimonio Natural para eludir las normativas y criterios que debe cumplir la administración pública.
Según el PCAS-TC, esta gestión, se ha basado en bajos salarios del personal, su desmotivación, la falta de formación periódica, la discontinuidad del servicio, tener al personal trabajando bajo contratos fijos-discontinuos o temporales, no cubrir las plantillas (que en algunos casos estaban al 50% de sus efectivos) dejar totalmente abandonada la prevención y generando riesgos que han motivado protestas continuas de los trabajadores.
