La Junta de Castilla y León inyectará de forma inmediata, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y en colaboración con Iberaval, 100 millones de euros de liquidez para llegar a 3.000 empresas para que puedan proseguir con su actividad y hacer frente a la situación económica derivada del impacto de la crisis sanitaria causada por el Covid-19.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado un paquete de medidas que incluye también el aplazamiento del pago y la liquidación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, lo que dejará en el bolsillo de 38.000 contribuyentes un total de 42 millones de euros. Ambas políticas han sido acordadas en el marco del Diálogo Social para hacer frente a la crisis del coronavirus, según el comunicado recogido por el Gobierno Regional.
Fernández Mañueco asegura que todos los departamentos de la Junta trabajan "al máximo" para tomar en cada momento las medidas más adecuadas. Además, reconoció la colaboración "leal" de todos los grupos políticos e instituciones, así como de todos los profesionales que, de un modo u otro, están trabajando para hacer frente a la actual situación.
El presidente regional ha anunciado que se aplaza el cobro de los impuestos de 38.000 contribuyentes aproximadamente, por sucesiones y donaciones, así como por transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados de personas físicas, pymes y autónomos. La Consejería de Economía y Hacienda adopta esta decisión extraordinaria, de carácter temporal y de apoyo financiero, cuyo impacto asciende a aproximadamente 42 millones de euros y que permite inyectar liquidez en la economía de Castilla y León al disponer los contribuyentes de estas cuantías durante un plazo mayor de tiempo.
"Se quiere transmitir tranquilidad a la población facilitando la ampliación de los plazos inicialmente por un mes y, en sucesivos meses, si fuera necesario en caso de alargarse el estado de alarma decretado por el Gobierno", ha explicado el presidente la Junta. La vigencia se extenderá hasta la finalización del estado de alarma.
La orden establece la ampliación de los plazos para la presentación y pago de autoliquidaciones de los impuestos descritos y habilita a la directora general de Tributos y Financiación Autonómica a prorrogar la ampliación de los plazos establecidos en la orden por periodos de un mes, si fuera necesario. Además, precisa que se aplica tanto a los plazos en curso no vencidos surgidos de hechos imponibles devengados con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden, como a los que se abran como consecuencia de hechos imponibles que se devenguen a partir de su entrada en vigor.
Por último, la Junta asegura que los contribuyentes que necesiten efectuar algún trámite tributario durante el estado de alarma puedan efectuarlo de forma telemática en el portal tributario de la web del Gobierno Autonómico. Asimismo, se ha reforzado la atención telefónica en los Servicios Territoriales de Hacienda de todas las provincias, así como la atención a las consultas tributarias a través de correo electrónico: [email protected]
Más liquidez
Por otra parte, la Junta inyectará de forma inmediata, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y en colaboración con Iberaval, 100 millones de euros de liquidez para llegar a 3.000 empresas, a través de préstamos avalados junto a Iberaval con el objetivo de dar un impulso a la actividad económica.
La primera de las cuatro líneas será para para sostener a micropymes y autónomos bonificados y estará dotada con 20 millones de euros; la segunda busca el mantenimiento de la actividad empresarial de las pymes, a través de la reorientación de las líneas de ‘ICE Financia’ que movilizará 40 millones de euros para circulante; la tercera permitirá obtener financiación de circulante e inversión para soluciones digitales de urgencia vinculadas al teletrabajo y la modernización de empresas, para lo que dispondrá de 25 millones, y la cuarta, con 15 millones, se dirige al aplazamiento en el pago de las cuotas sobre créditos.
Micropymes y autónomos
En concreto, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), pondrá a disposición de micropymes y autónomos una línea para incrementar su liquidez y ayudarlas al sostenimiento de sus actividades críticas por la crisis sanitaria. Para ello, facilitará préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses. Esta línea de avales tendrá una carencia de hasta 12 meses, una amortización de tres años, y permitirá bonificar los costes de las operaciones solicitadas por pymes de hasta cinco trabajadores y autónomos.
Movilizará un total de 20 millones de euros y se podrán materializar 600 operaciones de crédito por un importe máximo de 40.000 euros con una bonificación del 100 por 100 de los costes financieros.
40 millones para pymes
También, se impulsará el apoyo al mantenimiento de la actividad de pymes de sectores especialmente afectados por la crisis del COVID-19 como la hostelería, comercio, sector manufacturero o sector turístico, entre otros.
Se trata de líneas de avales para préstamos entre tres y cuatro años con un año de carencia. El límite de la cuantía será determinado por la necesidad de la empresa a corto plazo y la capacidad de la misma para el mantenimiento de la actividad. Supone un refuerzo del programa ICE Financia, que busca facilitar el acceso al crédito del tejido productivo.
Así, parte de las líneas de que dispone ese programa, se reorientarán a las operaciones de circulante con una financiación por un total de 40 millones de euros. El programa ICE Financia se estructura actualmente en 12 líneas dirigidas a diversos colectivos y sectores estratégicos. Canaliza la concesión de créditos avalados con un importe que se sitúa entre los 6.000 y los 600.000 euros, que pueden cubrir el 100 por 100 de la inversión total, y un plazo de amortización de hasta 15 años, dependiendo del producto.
Además, el ICE pone en marcha una línea para obtener financiación de circulante e inversión para implementar soluciones digitales de urgencia que fomenten el teletrabajo y otros procesos vinculados a la modernización de las empresas y su digitalización. Estas líneas cuentan con avales para la obtención de préstamos de entre 6.000 y 600.000 euros y tiene un plazo de cinco años de amortización, más 12 meses de carencia. En total, la Junta prevé una movilización de 25 millones de euros.
Por último, la Junta de Castilla y León pondrá en marcha el aplazamiento en los pagos de las cuotas de los créditos de la Lanzadera Financiera, que supondrá un ahorro de 15 millones de euros en los créditos de los programa de Reindustrialización y de Crecimiento Empresarial.
