miércoles 26/1/22
Están citados representantes del Ayuntamiento y se personan, a petición propio, los de las Fundaciones Franco y María Eugenia Yagüe

El Contencioso Administrativo de Soria acoge este jueves 9 el juicio por el 'apellido' de San Leonardo

Nueva demanda al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe por parte del abogado Eduardo Ranz al considerar que la institución local ha incumplido la Ley por no realizar el catalogo de vestigios franquistas en el municipio.

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Fachada del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria desarrolla este jueves día 9 el juicio en el que se decidirá la posible supresión del apellido "Yagüe" del nombre  de San Leonardo de Yagüe, donde nació Juan Yagüe Blanco, general y ministro del Aire.

El juez ha citado a declarar a representantes del Ayuntamiento de San Leonardo, como entidad demandada, y se presentarán, a petición propia, representantes de la Fundación Nacional Francisco Franco y la Fundación Yagüe.


El juzgado admitió la demanda que interpuso el abogado Eduardo Ranz, en la que solicitaba la retirada del "De Yagüe", del nombre del pueblo de San Leonardo, ya que consideraba que "vulnera la Ley de la Memoria Histórica".

El letrado demandante pidió al juzgado la celebración de la vista oral para resolver el litigio, y así evitar que se alargase más el procedimiento. Fue el 8 de febrero de 2016 cuando  Ranz se dirigió al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe para pedirle la retirada del apellido 'Yagüe' del nombre de la localidad.

San Leonardo pasó a designarse San Leonardo de Yagüe un 22 de octubre de 1952, un día después de la muerte del general franquista e hijo del pueblo, a través de un Decreto Ley dictado por la Jefatura del Estado.

La corporación de la localidad pinariega ha llevado a pleno en el último año la petición de Ranz, pero decidió por unanimidad mantener el nombre tal y como está en virtud de la obra social que realizó el considerado 'Hijo de la Villa'.

El abogado Ranz ha presentado una nueva demanda contra el Ayuntamiento pinariego por no haber realizado un catálogo de los vestigios franquistas que, a su juicio, todavía persisten en el pueblo.

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