Antes de llegar a los tribunales o interponer denuncia, existe un mecanismo previo que puede ayudar a calmar las aguas entre las partes involucradas en un conflicto. Este mecanismo recibe el nombre de mediación. La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos, distinto a la vía judicial y al arbitraje por el que dos o más personas denominadas «las partes» trabajan sobre su conflicto con la ayuda de un tercero, el mediador, para que, si así lo desean, alcancen un acuerdo satisfactorio para los intereses de todos ellos.
La insatisfacción de los ciudadanos con la jurisdicción contenciosa ha llevado a que se exploren otros cauces alternativos al proceso judicial. Las posibilidades de vías alternativas, ya sean la mediación, la conciliación o el arbitraje o los propios recursos administrativos han sido avaladas por el Tribunal Constitucional que no aprecia obstáculo a su implantación en la medida en que no impidan el control judicial.
Uno de los grandes errores cuando se analiza la mediación en el contexto de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos es entenderla simplemente como una forma de reducir la litigiosidad, es decir, la presencia de pleitos o procesos judiciales. La mediación supone, en definitiva, implementar estrategias que pacifiquen conflictos. No se trata de acabar con un conflicto presente sino de poner las bases para el entendimiento mutuo y su resolución definitiva de dicho desacuerdo. Esto explica el gran éxito que tiene esta figura en conflictos interculturales o familiares, pero incluso en relación con la Administración, su creciente importancia en contextos específicos donde la convivencia es permanente y estrecha.
La atención prestada en los últimos años a la mediación y al resto de técnicas alternativas para la resolución de conflictos (ADR) está directamente conectada con una corriente internacional impulsada del Consejo de Europea que pretende reducir la carga de trabajo de los tribunales. El impulso de la mediación es compartido en el ámbito nacional por el Consejo General del Poder Judicial.
En definitiva, tanto a escala internacional como nacional se redoblan los esfuerzos por difundir la cultura de la mediación en las relaciones Administración-ciudadano, sin que hasta el momento hayan recibido el impulso definitivo de una ley reguladora propia. Llegando a una conclusión acerca de la implementación de este mecanismos, se puede afirmar que la incorporación de la mediación al Derecho Administrativo posee un doble objetivo: incorporar una nueva forma de solucionar los conflictos jurídicos y erigirse como una vía complementaria a la justicia administrativa.
Además, en un sistema judicial como es el nuestro, donde los expedientes y los pleitos bloquean el normal desarrollo de la labor jurídica, la mediación surge como un sistema que es capaz de agilizar y ahorrar una gran cantidad de trámites y en definitiva de ahorrar un tiempo muy valioso. Este ahorro de tiempo lleva implícito consigo un ahorro de dinero, sin duda factores claves que favorecen a la mediación
SERVICIO GRATUITO EN BURGOS
En el ámbito intrajudicial, este servicio es gratuito gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Burgos y el Colegio de Abogados. Cabe destacar que esta gratuidad también beneficia a la provincia y a las instituciones burgalesas, ya que el juzgado está en la capital.
