Desde que se empezó a popularizar el sistema de residencias de ancianos, afortunadamente muchas cosas han cambiado. Por parte de las administraciones públicas se vienen dando pasos para garantizar la dignidad de los mayores en sus últimos años de vida.
Una de las últimas leyes con esta intención ha sido la lanzada por la Junta de Castilla y León a mediados de 2024. La conocida como 'Ley de residencias' propone un modelo centrado en la persona y en el mantenimiento de su independencia. Entre otras intenciones se busca que los internos puedan personalizar horarios o la estética de las habitaciones.
No obstante, uno de los puntos más difíciles de implantar de esta Ley de residencias de CyL está siendo la prohibición de las sujecciones o barreras. Y, aunque en un primer momento podamos pensar que no tener literalmente atadas a las personas es una exigencia básica para mantener su dignidad, en los casos de los pacientes con mayor deterioro cognitivo, el eliminar barreras puede llegar a ser contraproducente, aumentando la posibilidad de accidentes.
De hecho, son muchas las trabajadoras que coinciden en la "dificultad de llevar a la práctica" esta ley. Desde la residencia 'Centro Río Lobos' de Hontoria del Pinar nos atiende instantes después de haber pasado la inspección rutinaria Elena Rejas, una de sus responsables. Reconoce que desde las instituciones "se hace mucho hincapié en el tema de las barreras". Y aunque en muchos casos, esta nueva normativa está consiguiendo, gracias al trabajo y a la confianza, mejorar la forma de vida de algunos residentes. Esta implantación se complica aún más al tratar las denominadas barreras químicas, que en muchos casos son otra forma de llamar a los tratamientos farmacológicos para enfermedades psíquicas. Esa delgada línea es una de las grandes incógnitas en este primer año de aplicación de la ley.
A LA ESPERA DE NUEVAS RATIOS
Otro de los puntos que se aborda en la nueva ley de residencias es la necesidad de formalizar un ratio trabajadores/residentes que aún no se ha aprobado por las cortes regionales. Varias fuentes mencionan un futuro 39%, aunque mientras tanto se aplica el del 25%. Una medida que, de llevarse a cabo, complicaría el funcionamiento de las residencias rurales. La propia Elena confirma que "aunque la ley sea igual para todos, en la zona rural siempre nos cuesta más contratar" a lo que la responsable añade que el funcionamiento del día a día "es bueno" pero se complica en periodos de vacaciones o de bajas.
84 AÑOS DE ESPERANZA DE VIDA
En ocasiones los medios de comunicación tendemos a abordar las estadísticas como si sólo fuesen eso: datos sobre el papel. Sin embargo, esas mismas cifras se trasladan a la vida diaria de las personas y las familias con más necesidades para cuidar a unos mayores cada vez más longevos.
Noticias como el aumento de la esperanza de vida, que supera por primera vez en España los 84 años, o como el manido problema del envejecimiento de la población deberían suponer un cambio en los modelos de pueblos y ciudades con más servicios para mayores desde las administraciones públicas. Sólo en las Provincias de Soria y Burgos entre 2004 y 2019 la cifra de mayores de 80 años pasó de 28.000 a 40.000. Un aumento del 43% que no se traslada al número de plazas en residencias, y menos aún en las públicas.
