viernes. 01.07.2022

Pinares ante la nueva ley de montes, por Paulino Herrero

Ya se han sentado las bases legales para la expropiación de nuestros recursos forestales a un precio tasado entre la Consejería y los grandes operadores.

 

 

Durante la tramitación de la nueva Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes e, incluso, después de su publicación en el BOE se ha hablado mucho desde distintos ámbitos sobre diversos enfoques de la ley. La Asociación Española de Agentes Forestales ha centrado su visión en la pérdida de autoridad de sus agentes con respecto a la ley anterior. Los ecologistas  han llegado a considerar determinante la reforma de la ley en el incremento de los incendios, puesto que, excepcionalmente, la nueva ley permite a las CCAA decidir el cambio de uso forestal de un monte quemado para construir en él. Otros ponen el punto de vista en la nefasta gestión de las administraciones competentes, provocando que los montes vayan cayendo en el abandono.

       A pesar de los distintos enfoques el debate no se ha centrado en lo que a Soria como provincia forestal nos concierne. Aun siendo importantes estos temas, la cuestión capital es  ¿cómo afectará esta ley a los montes de la provincia, a sus propietarios, a las empresas y a los municipios que basan su actividad económica en la transformación de los productos forestales?

       Desde 1957 hasta 2003 (46 años) estuvo en vigor la Ley de Montes de 8 de junio de 1957.        En los últimos 12 años hemos conocido dos leyes y tres reformas importantes. Todas ellas tratan de delimitar los ámbitos competenciales de las distintas administraciones (nacional y autonómicas), a la vez que se introducen políticas intervencionistas que van desvinculando a los habitantes de estos territorios de sus montes, sobre los cuales tienen ciertos derechos de aprovechamientos forestales.

       Podemos decir que los objetivos de la nueva Ley que reforma la Ley 43/2003 de Montes de carácter nacional son tres: 1º objetivo: poner en valor los “montes de socios” o montes privados de carácter comunitario pro indiviso, caracterizados por la falta de identificación de todos los comuneros. ASFOSO, la asociación forestal soriana, (¡qué papel tan importante están desempeñando en el desarrollo rural de la provincia!) es quien ha acuñado este término y conseguido que el legislador admita su propuesta de gestión de estos montes, procedentes de las desamortizaciones del s. XIX. Se establece un procedimiento que  permitirá a los titulares conocidos proceder a su gestión evitando así el abandono y deterioro del monte, y el desaprovechamiento de los recursos naturales y, a la vez, esclarecer la titularidad de las cuotas vacantes.  Para darnos cuenta de la magnitud de este reconocimiento pensemos que los montes de socios sólo en Soria suponen 160.000 Has.

       2º objetivo:  uso energético de los recursos forestales como combustible alternativo al fósil. En este sentido, el término “biomasa” ya no se aplica sólo a los residuos forestales que quedan en el monte tras la extracción del pie, sino a todo el producto: tallo, ramas y hojas.

       El tercer objetivo de la nueva Ley de Montes, en palabras de la Sra. Ministra Isabel García Tejerina, es “dotar a España, en consenso con las comunidades autónomas, de una política forestal que hasta ahora no ha tenido”. Y ahí es donde la comarca de Pinares de Soria y Burgos no estamos de acuerdo con la nueva política forestal consensuada entre los gobiernos central y autonómicos porque deja de lado los intereses de las entidades locales titulares de los montes, de las pequeñas empresas y los ciudadanos que tienen derechos de aprovechamientos forestales.

       Después de tanta legislación intervencionista sobre los montes en los últimos 12 años, a las entidades locales titulares de montes de utilidad pública sólo nos quedaban dos competencias: 1) aceptar o no la propuesta de la entidad gestora (Consejería de Medio Ambiente) en cumplimiento de la ordenación de cada monte, en especial los de corta y trabajos selvícolas. Y 2) licitar los aprovechamientos de acuerdo al pliego de condiciones técnico-facultativas que establezca la entidad gestora, poniendo el precio del tipo.

       Una vez conseguida la desvinculación de los pinariegos de sus montes, le ha resultado fácil a la administración central desconectar el único nexo que nos quedaba y lo ha hecho sin que nadie se enterara, sin meter ruido, tramitando la ley en pleno proceso electoral. Con este objetivo se introduce un nuevo apartado 5 en el art.36 de la Ley, que dice textualmente: “La Administración gestora de los montes demaniales podrá enajenar productos o servicios de los mismos, bajo el régimen de aprovechamientos forestales, con sujeción a las cláusulas técnico-facultativas y económico-administrativas que se establezcan y a los instrumentos de gestión vigentes. Como contraprestación, además o en lugar del precio, podrá establecerse o aceptarse la realización de determinadas mejoras del monte, que deberá sujetarse al instrumento de gestión correspondiente, a las condiciones específicas que se establezcan y a la aprobación del titular del monte”. Es una aberración contra el derecho de propiedad, más propio de una sociedad comunista que de una sociedad avanzada que aplica principios de libre mercado.

       Cuando tuvimos la oportunidad de preguntar a la Sra. Ministra qué pretendía el gobierno central con ese grado de intervencionismo del citado art. 36,5 nos contestó textualmente: “Hasta ahora no ha habido política forestal, a partir de ahora va a haber política forestal consensuada con las CCAA. Todos los montes tienen que ponerse en valor y tienen que estar ordenados”.

       Sra. Ministra, le informamos que nuestros montes llevan más de 100 años con Planes de Ordenación, es decir, con una política forestal aplicada a cada monte.  Le decimos también que desde ahora los montes en manos privadas (“montes de socios”) van a poder ser gestionados, aportando riqueza y beneficios a la sociedad, gracias a la propuesta de ASFOSO que el legislador ha recogido. Pero la iniciativa no ha partido del gobierno central con el deseo expreso de poner en valor estos montes sino de la ciudadanía soriana, verdadera mecenas de sus montes. Y lo que Ud. denomina política forestal en los montes de utilidad pública no es sino la “expropiación” de los recursos de un territorio para crear riqueza en otro, dentro o fuera de nuestra provincia, lo cual nos parece poco inteligente e insostenible.

        La introducción de este nuevo artículo en la Ley de Montes lleva como finalidad la de poner más madera en el mercado y más barata, para cubrir las necesidades de los nuevos operadores sin poner en riesgo sus inversiones, ante las decisiones de algunos ayuntamientos de no cortar madera o venderla a un precio considerado alto para los intereses de estas empresas. Estos nuevos operadores, como KRONOSPAN, GESTAM y los que usan la biomasa como energía alternativa establecidos alrededor de Pinares de Soria y Burgos, consumen más de 900.000 Tn de madera al año.

        No le niego que a los municipios pinariegos nos hubiera gustado consensuar la política forestal siempre y cuando estas inversiones que van de la mano de la Comunidad Autónoma se hubieran instalado aquí donde está el recurso, en aras de la sostenibilidad, y no a cientos de kilómetros, encareciendo el precio de la madera por el transporte. Este desarrollo rural que promueven nuestros dirigentes políticos no es el que necesita nuestra tierra, sino todo lo contrario: adoptar el marco de la “Estrategia Europa 2020 hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. Como casi siempre, las políticas de desarrollo rural que promueven las autoridades europeas resultan más favorables para nuestros territorios que las provenientes de nuestras propias instituciones regionales y nacionales. Hasta el extremo de poder afirmar que cuanto más desarrollo rural promueven nuestras instituciones regionales para nuestra tierra peor está Soria (despoblación, falta de oportunidades, carencia de infraestructuras, etc.).

       Y ¿por qué decimos que el art. 36,5 se introduce para poner más madera en el mercado y más barata? Veamos los mensajes que nos han ido enviando en la última legislatura:

       El “Programa de Movilización de los Recursos Forestales en Castilla y León 2013-2020”, elaborado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene a concluir que los recursos forestales de Castilla y León están insuficientemente aprovechados, con bajas tasas de extracción, y es razonable pensar que los mercados de productos primarios o derivados podrían llegar a absorber un grado de aprovechamiento superior. Palabras textuales: “en cuanto al ámbito de la madera el programa pretende dar respuesta a las reiteradas peticiones de la Mesa Intersectorial de la Madera de CyL, constituida en 2007, siendo una de las más relevantes el incremento de la oferta de madera regional”

       Las reiteradas quejas durante toda la legislatura pasada del anterior Consejero de Economía y Empleo a los alcaldes de Pinares, trasladando las de la mesa intersectorial y de los nuevos inversores del sector, en el sentido de que hay poca madera y muy cara persiguen los mismos objetivos.

       Podemos recordar las palabras del Director General del Medio Natural en la Cámara de Comercio de Soria presentando unas jornadas sobre biomasa cuando decía que las tasas de extracción de madera en Soria están por debajo del 25 % en los montes de utilidad pública de titularidad municipal. En los montes de la Junta de C y L la tasa está en torno al 40 % y en Pinar Grande sobre el 50 %. Los bosques escandinavos tienen una tasa de extracción del 60 %.

       O las más recientes del Director General de Empleo en el salón de actos de la Delegación Territorial de Soria al presentar el convenio entre el ECYL y los Ayuntamientos para la contratación de trabajadores:  “los municipios de Pinares deberían ocupar a estos trabajadores en sus montes para extraer madera, porque hay poca oferta de madera y muy cara y no se puede abrir una factoría en Benavente por falta de madera”. ¡Nada menos que en Benavente!

       En fin, son mensajes continuos que han confluido en el consenso de una política forestal insostenible e intervenida mediante la introducción del art. 36,5 al objeto de no poner en peligro determinadas inversiones por escasez de oferta.

       Las consecuencias para la comarca pinariega pueden ser catastróficas: agrupación de lotes de corta en cuantía que solo puedan pagar los grandes consumidores. Los aserraderos y fábricas de embalajes que son las que crean riqueza y empleo en Pinares quedarán fuera de la línea de suministro, teniendo que cerrar o deslocalizarse. Los grandes demandantes de madera  se quedarán solos y establecerán un precio inferior que les reporte mayores márgenes de beneficio.

       En fin… todo esto puede suceder por la política forestal derivada del 36,5. Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria nos tranquilizan con expresiones de que ésto no va a pasar porque no está en el ánimo de la Consejería. Pienso que todo dependerá del grado de vinculación de los pinariegos con su monte y de la movilización de los ciudadanos de Pinares en favor de su futuro y su tierra. Pero, desde luego, ya se han sentado las bases legales para la expropiación de nuestros recursos forestales a un precio tasado entre la Consejería de Medio Ambiente y los grandes operadores del sector maderero y de la biomasa.

 

 

Paulino Herrero Amat. Alcalde de Navaleno y Presidente de ASOPIVA.

Pinares ante la nueva ley de montes, por Paulino Herrero
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