La Subdelegación del Gobierno en Soria ha acogido este viernes 17 de julio na reunión de coordinación entre las administraciones que emitieron informes o concedieron autorizaciones para la celebración del Motorbeach 2026. El encuentro ha tenido como objetivo analizar las incidencias y circunstancias puestas de manifiesto durante el evento, delimitar las competencias de cada organismo y coordinar las actuaciones administrativas, sancionadoras o de restauración que pudieran resultar procedentes.
El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, abrió la reunión trasladando las condolencias de todas las instituciones a la familia y allegados de la joven de 24 años, natural de Asturias, que falleció después de resultar herida de extrema gravedad en un siniestro de motocicleta ocurrido el viernes en el interior del recinto.
En el encuentro participaron el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, acompañado por el jefe de Operaciones y el responsable provincial del Servicio de Protección de la Naturaleza; el jefe provincial de Tráfico; la comisaria adjunta de la Confederación Hidrográfica del Duero y el jefe del Servicio de Guardería Fluvial; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, junto al secretario territorial y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, y el alcalde de Vinuesa.
Las instituciones coincidieron en que el desarrollo real del festival habría superado las condiciones y dimensiones recogidas en la documentación presentada por el promotor. La previsión comunicada para organizar el dispositivo de seguridad pública se situaba en torno a las 4.000 personas, mientras que los datos disponibles apuntarían a una afluencia superior.
También se habría utilizado para acampadas una superficie mayor que la inicialmente prevista. De acuerdo con las observaciones y actuaciones inspectoras comunicadas por los organismos participantes, algunas de esas acampadas podrían haberse extendido fuera de los espacios delimitados y haber alcanzado zonas del vaso del embalse integradas en el dominio público hidráulico.
El subdelegado explicó que la Subdelegación del Gobierno planificó el dispositivo de seguridad pública de su competencia, a través de la Guardia Civil y de la Jefatura Provincial de Tráfico, de acuerdo con los datos y documentos remitidos por la organización. Esta competencia debe diferenciarse de las obligaciones que pudieran corresponder al promotor en relación con el control de asistentes, la seguridad interior, el plan de autoprotección y el cumplimiento de las condiciones ambientales, hidráulicas y municipales establecidas.
Planificación de la Guardia Civil
La Guardia Civil recibió la documentación necesaria para la planificación operativa el martes por la tarde, cuando el evento comenzaba el jueves por la mañana. Este margen resultó claramente insuficiente para preparar un dispositivo adaptado a una concentración que, en la práctica, presentaba, supuestamente, unas dimensiones y unas características muy distintas de las declaradas.
Pese a ello, el Cuerpo había diseñado una planificación preventiva a partir de la información disponible y de la promoción difundida en redes sociales. La realidad, no obstante, habría superado ampliamente incluso esas previsiones. Desde los primeros momentos, los agentes comprobaron la existencia de una situación de presunto descontrol, con, supuestamente, numerosas motocicletas circulando en condiciones irregulares, menores conduciendo vehículos, acampadas fuera de los espacios permitidos, ocupación de terrenos protegidos y conductas que suponían un riesgo evidente para las personas y para el medio natural.
La Guardia Civil habría constatado, además, la presencia de una sola persona de seguridad privada en un recinto que acogía a varios miles de asistentes y en el que se estarían desarrollando actividades potencialmente peligrosas. Ante las informaciones que llegaban desde el interior y los riesgos observados directamente, los agentes adoptaron una actitud proactiva para prevenir accidentes, corregir conductas y evitar que se produjeran más problemas y daños.
Esta actuación no respondió a un cambio de criterio sobre la celebración del evento, sino a la obligación de reaccionar ante una situación que habría desbordado lo autorizado. La Guardia Civil apoya y protege los eventos que cuentan con las correspondientes autorizaciones como servicio público de seguridad, pero debe intervenir cuando su desarrollo genera riesgos para la vida y la integridad de las personas, la seguridad vial, la seguridad ciudadana o el medio ambiente.
El balance provisional conocido del dispositivo se sitúa en torno a 435 denuncias administrativas y 21 diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial. La mayor parte de las denuncias estuvieron relacionadas con infracciones de tráfico y con motocicletas que carecían de matrícula, permiso de circulación, seguro obligatorio o ITV en vigor. También hubo actuaciones por drogas, armas, desobediencia, acampadas no autorizadas, afecciones a la cubierta vegetal, embarcaciones y motos de agua.
Los representantes institucionales destacaron que la coordinación mantenida durante los días del festival permitió contener la situación y evitar que sus consecuencias fueran todavía más graves. Una vez comprobado que el evento había desbordado las previsiones, Guardia Civil, Junta de Castilla y León, Confederación Hidrográfica del Duero y Ayuntamiento de Vinuesa mantuvieron una comunicación permanente para atender las incidencias, proteger a las personas y reducir los daños sobre el entorno.
Actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero
La Confederación Hidrográfica del Duero explicó que, tras la reunión de coordinación celebrada el 1 de julio, agentes medioambientales de la CHD de Soria y Burgos inspeccionaron la zona antes del comienzo del festival y realizaron un seguimiento durante su celebración.
Las inspecciones posteriores habrían constatado incumplimientos de las condiciones incluidas en la autorización otorgada por el organismo de cuenca, especialmente en relación con las zonas balizadas. Estas zonas son los espacios expresamente delimitados y señalizados sobre el terreno para concentrar los usos permitidos y evitar la ocupación de superficies no autorizadas o especialmente sensibles. Durante el festival, las acampadas, la circulación de vehículos y otras actividades podrían haber rebasado esos límites.
La CHD ha formulado la correspondiente denuncia por los distintos incumplimientos detectados. Esta semana ha realizado una nueva visita para evaluar los daños causados en el dominio público hidráulico y prepara un informe que se incorporará al expediente, en el que se cuantificarán las posibles afecciones y el coste de su reparación.
El organismo de cuenca ha recibido también las denuncias formuladas por la Guardia Civil que son de su competencia sancionadora. Por otra parte, los responsables de la cuenca recordaron que las concentraciones multitudinarias junto a embalses incrementan el riesgo de accidentes y ahogamientos. En la reunión del 1 de julio se indicó expresamente a la organización que debía disponer de personas encargadas de vigilar la seguridad en las proximidades del agua, una medida que no se habría implantado en los términos planteados.
Expedientes ambientales y restauración de los terrenos
La Junta de Castilla y León manifestó en el transcurso de la reunión que el Servicio Territorial de Medio Ambiente emitió el correspondiente informe, remitido al Ayuntamiento de Vinuesa, y posteriormente una adenda específica sobre el uso del fuego. Las inspecciones efectuadas tras el evento han dado lugar al levantamiento de actas que servirán de base para las denuncias y los expedientes sancionadores que puedan corresponder.
La Administración autonómica ha evaluado las afecciones ambientales mediante una comparación detallada del estado de los terrenos antes y después del festival. También comprobará el resultado de las labores de limpieza y del posterior plan de restauración.
Todas las administraciones con competencias sancionadoras actuarán en sus respectivos ámbitos, de manera coordinada y dirigiendo las actuaciones hacia el promotor del festival, que era el responsable de desarrollar la actividad conforme a las condiciones autorizadas. La eventual determinación de responsabilidades se realizará con todas las garantías dentro de cada uno de los expedientes.
La limpieza inicial de la zona ya se ha efectuado y han comenzado algunas actuaciones preliminares de recuperación. Sin embargo, la Junta advirtió de que la restauración ambiental no puede limitarse a trabajos puntuales ni completarse en una o dos semanas. Será necesaria la presentación de un proyecto técnico que determine las medidas que deben aplicarse, los plazos y su coste, que deberá repercutirse a quien resulte responsable de los daños.
El alcalde de Vinuesa agradeció la colaboración mantenida en todo momento por la Subdelegación del Gobierno y por la Guardia Civil. Señaló que el evento no se desarrolló como en ediciones anteriores y afirmó que, de haber conocido previamente sus verdaderas dimensiones y características, el Ayuntamiento no lo habría autorizado. También anunció que el Motorbeach no volverá a celebrarse en Vinuesa.
El subdelegado del Gobierno apeló a mantener la unidad institucional, pero también a delimitar con claridad y ánimo constructivo las competencias y responsabilidades de cada organismo. Las administraciones coincidieron en que cualquier futuro evento de características similares deberá tramitarse con la máxima antelación y con una documentación completa, precisa y ajustada a la realidad.
Los datos sobre aforo, superficies utilizadas, zonas de acampada, medios sanitarios, seguridad privada, autoprotección, movilidad, evacuación y protección ambiental deberán ser rigurosos. Solo así será posible evaluar adecuadamente los riesgos, emitir los informes correspondientes y diseñar dispositivos proporcionados a las verdaderas dimensiones de cada actividad.
Iberia Eclipse 2026 no está autorizado de momento
Durante la reunión se analizó también la situación del evento anunciado con la denominación Iberia Eclipse 2026, previsto en el entorno del embalse de la Cuerda del Pozo durante el próximo mes de agosto.
La Confederación Hidrográfica del Duero indicó que ha solicitado conocer la identidad jurídica del promotor, sin que esta cuestión se haya aclarado suficientemente. En estas condiciones no puede tramitarse ni concederse ninguna autorización. La posición actual del organismo de cuenca es, por tanto, contraria a autorizar el uso del dominio público hidráulico.
La CHD recordó además que las condiciones físicas del embalse cambian conforme avanza el verano y desciende la lámina de agua, lo que deja al descubierto nuevas superficies del vaso y modifica las zonas que podrían verse afectadas. Esta evolución complica todavía más cualquier eventual autorización y obliga a evaluar de manera distinta los riesgos ambientales y para la seguridad de las personas.
La Junta de Castilla y León manifestó que no puede plantearse la autorización de otro acontecimiento en los mismos terrenos mientras no se haya definido y ejecutado correctamente la restauración de los daños causados por el Motorbeach. Es necesario determinar mediante un proyecto el alcance de los trabajos, su duración, su coste y la persona o entidad obligada a asumirlos.
Permitir un nuevo evento antes de concluir esa restauración dificultaría también la atribución de posibles daños, ya que cada promotor podría sostener que las afecciones fueron causadas por el acontecimiento anterior o por el posterior. Por este motivo, las administraciones consideran imprescindible cerrar primero la evaluación, restauración y exigencia de responsabilidades derivadas del Motorbeach.
El subdelegado concluyó que la coordinación demostrada durante la emergencia debe mantenerse ahora para recuperar el entorno, tramitar los expedientes con todas las garantías y adoptar las medidas necesarias para que una situación semejante no vuelva a producirse.
