jueves 21/10/21
LA CORPORACIóN HABíA SOLICITADO AL JUZGADO QUE DIRIMIERA EL POSIBLE DELITO EN EL MANTENIMIENTO 'DEL APELLIDO'

Ranz cumple su amenaza y consigue llevar al Ayuntamiento de San Leonardo a los tribunales

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria ha admitido a trámite la denuncia presentada en febrero. El Ayuntamiento tiene un plazo de veinte días para presentar la oportuna documentación.

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Plaza y Ayuntamiento de San Leonardo.

El abogado Eduardo Ranz ha conseguido, finalmente, que representantes de varios municipios tengan que acudir a los tribunales, por no cambiar sus nombres con referencias a apellidos considerados franquistas, en base a la Ley de Memoria Histórica, y entre ellos el de San Leonardo de Yagüe.La denuncia se lleva a efecto tras el cuando el Ayuntamiento ha pedido al Juzgado de El Burgo de Osma que clarifique el posible delito.

Además de San Leonardo, los pueblos afectados ante los juzgados de contencioso-administrativo de sus capitales de provincia son Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid),, y Villafranco del Guadalhorce (Málaga). Las demandas han sido aceptadas a trámite salvo las referentes a Llanos del Caudillo y Alcocero de Mola, que aún están pendientes de admisión.

Ranz presentó derechos de petición en febrero solicitando la redefinición de 11 pueblos, de los cuales Águeda del Caudillo (Salamanca) Queipo de Llano (Sevilla) y Bembézar del Caudillo (Córdoba) aceptaron cambiar su nombre: ahora se llaman Águeda, Cinco de la Riuela y Bembézar, respectivamente. El derecho de petición es el paso previo a que, transcurridos 45 días hábiles sin respuesta, se interponga la demanda, el paso dado por el letrado. 

El abogado también presentó petición ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en febrero. El órgano, presidido por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no admitió la solicitud por entender que no está en su mano actuar contra los pueblos. “Serán los jueces, y no los políticos, los que decidan sobre la Ley de Memoria Histórica”, afirma Ranz en un comunicado.

Los pueblos disponen de veinte días para aportar el expediente administrativo y, posteriormente, se celebrarán los juicios.

Ranz cumple su amenaza y consigue llevar al Ayuntamiento de San Leonardo a los tribunales
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