domingo. 05.02.2023

Luis Rey: “La ley de evaluación de políticas públicas en la administración incorpora su impacto sobre el reto demográfico”

 El secretario general del PSOE de Soria y senador detalla que, por primera vez se incluye el prisma de la lucha contra la despoblación “como muestra de la prioridad que tiene el Gobierno de España en este aspecto”.

 

Luis Rey
Luis Rey, secretario provincial del PSOE en la provincia de Soria.

El secretario general del PSOE de Soria y senador, Luis Rey considera que la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado promueve una verdadera cultura de la evaluación y además prevé la creación de una agencia estatal que se encargue de ello. En el día que se celebra la Constitución Española, los socialistas han querido poner en valor esta nueva normativa que refuerza el valor de la evaluación de las políticas públicas y hacer "más eficaz " la asignación de los recursos a este proceso.

El senador detalla que la ley afecta a todo el sector público, a la administración general del Estado, a los proyectos de ley, los programas estratégicos, a todo tipo de documento de planificación estratégica y las iniciativas que desarrollen políticas públicas. Además, va a obligar a incorporar esta evaluación previa y posterior. Lo más destacado para la provincia de Soria, en el debate de lucha contra la despoblación, es que “las leyes contemplarán una evaluación del impacto demográfico que pueda tener esas medidas” subraya, un precepto que los socialistas lo llevan defendiendo en mesas de trabajo desde hace años, “ que se legisle y se hagan políticas públicas siempre con el prisma de la demografía y lo que puede suponer en positivo para combatir la despoblación “. 

Criterios de reto demográfico

 En el desarrollo de políticas públicas eran necesarias evaluaciones de impactos ambientales y a partir de ahora, con esta nueva ley aprobada ya en el Senado y ratificada por el Congreso, “se amplía también a los aspectos de género, a la transformación digital, a los ámbitos sociales y ambientales y lo importante es que incorpora los criterios territoriales, de reto demográfico y de prevención contra la despoblación “.
 
Según Rey es extraordinariamente importante porque permitirá conocer si las políticas públicas tendrán un impacto positivo o negativo en la demografía, “un paso más del Gobierno de España, que se ha tomado en serio el Reto Demográfico, la solidaridad territorial y las diferencias entre territorios”. 

La nueva normativa aporta un enfoque transversal, integral y participativo para medir el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía, fortaleciendo las capacidades del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, "proporcionando las herramientas para  el impacto de las políticas con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto“,  puntualiza el senador soriano.

 Avanzar en el proceso de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas era una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico (OCDE) y de la Unión Europea además de  "dotar a España de un marco normativo que regule la materia".

La nueva ley recoge, entre otras novedades, el diseño de un sistema de indicadores comunes para acometer el seguimiento aplicable a la Administración General del Estado, que servirá a su vez de referencia para cualquier organismo o administración pública.

Por otro lado, la normativa incluye que la evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar y que el órgano responsable de cada política pública deberá rendir cuentas respecto a si adopta las recomendaciones del informe de evaluación, o explicar por qué en caso contrario.

Luis Rey detalla que la nueva norma contempla la creación de un organismo denominado Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales.

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