El miércoles día 28 de febrero, a las 11:30, en la plaza de Mariano Granados, llega a Soria la “Ruta de la Igualdad” emprendida por el Partido Popular desde el jueves 22 de febrero , cuando fue presentada en Madrid de la mano del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo y que a lo largo de 15.000 Kms recorrerá toda la geografía nacional, para denunciar, según los populares, la “amenaza” que representa Pedro Sánchez y subrayar que los españoles "no están dispuestos a dejarse discriminar, humillar o callarse ante el sometimiento del Gobierno a sus socios independentistas".
La Vicesecretaria Nacional del PP de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, estará en Soria para participar en esta “Ruta por la Igualdad” en defensa de los valores constitucionales, los derechos y libertades democráticos y la Nación. Tal como afirmó Núñez Feijoo “los españoles no tienen que pagar los privilegios de unos de unos pocos con la desprotección de todos, la financiación de una ideología con la discriminación de todos, ni el sometimiento de su Gobierno a unos socios con la humillación de todos”.
El PP sostiene que la igualdad no es solo un valor democrático innegociable sino el derecho que tienen todos los españoles a los mismos servicios públicos y a las mismas infraestructuras, y que ser independentista no debe garantizar mejores carreteras, más inversiones o más dinero.
En Soria, el tema principal que se abordará será el del Reto Demográfico y las “Ayudas de Funcionamiento”, autorizadas por la Unión Europea y que el Gobierno de España se niega a aplicar en toda su extensión. Cuando desde Soria se reclaman estas ayudas no se está pidiendo un privilegio, sino reivindicando la necesidad de que las desventajas competitivas que perjudican a Soria, a causa de la despoblación y el aislamiento, sean compensadas con las ayudas que permitan a nuestra provincia competir en condiciones de igualdad y garantizar su futuro.
En el contexto de esta reclamación, la Vicesecretaria Nacional del PP, Paloma Martín mantendrá un encuentro con FOES, que junto con los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, fueron los grandes impulsores de esta medida, ignorada por el Gobierno de Sánchez.
