El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Soria solicita retrasar la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta que se presente "una evaluación suficientemente, concreta y cuantificada" de sus efectos ambientales, económicos y sociales. Consideran que las respuestas ofrecidas a las 135 alegaciones presentadas siguen sin aportar la justificación técnica y material que la ley y la jurisprudencia exigen para implantarla en Soria.
Los concejales de Vox han trasladado sus consideraciones a la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible y califican la documentación aportada para la misma como “un maquillaje jurídico para imponer una ZBE que no quiere nadie". Afirman que las respuestas dadas a las alegaciones siguen sin aportar razones que justifiquen de forma eficaz la necesidad, proporcionalidad e impacto de la ordenanza. Añaden que, a pesar de que ayer presentaron un escrito previo a la celebración de la comisión informativa de esta mañana exigiendo argumentos imparciales, el equipo socialista no ha sido capaz de acreditar los requisitos legales objetivos para imponer una medida tan restrictiva.
Falta de justificación ambiental y proporcionalidad
La edil Sara López ha insistido en que el expediente reconoce que Soria no presenta los problemas de contaminación de otras ciudades españolas: “el propio Proyecto Técnico de la ZBE admite que en Soria los niveles de la mayoría de contaminantes se encuentran habitualmente por debajo de los límites legales y no explica qué reducción concreta se espera conseguir con las restricciones, ni por qué son necesarias 13 horas diarias de limitación al tráfico".
En este sentido, VOX exige que el expediente incluya un análisis detallado de la contribución real del tráfico rodado a los niveles de contaminación registrados en Soria, diferenciándola de otras fuentes como la calefacción o la industria y, a continuación, una cuantificación precisa de la reducción esperada de contaminantes que pueda ser atribuible a las medidas concretas de la ZBE.
Impacto económico y social sin evaluar
Otro de los puntos que subrayan los ediles de Vox es la insuficiencia del estudio de impacto económico. Aunque el informe municipal de alegaciones afirma que el Proyecto Técnico contiene dicho estudio, para López, su existencia formal con un apartado no equivale a una evaluación real y cuantificada de las consecuencias sobre trabajadores, autónomos, comerciantes, pequeñas empresas y personas con menores recursos. "No se ha valorado el efecto sobre quienes viven en municipios del entorno y necesitan desplazarse a Soria a diario para trabajar, recibir asistencia sanitaria o realizar trámites. Esto es especialmente grave porque el propio Ayuntamiento reconoce que Soria es un centro administrativo, económico y judicial para toda la provincia", ha añadido la concejal.
Control horario desproporcionado y alternativa no analizada
VOX también ha puesto el foco en la franja horaria de restricción, de 7:00 a 20:00 horas, y ha solicitado que se compare cuantitativamente el impacto ambiental y social de otras alternativas menos restrictivas, como limitaciones en horas punta, aplicación progresiva o activación condicionada a episodios de contaminación. "El Ayuntamiento dice que ha analizado alternativas, pero no aporta los datos. No basta con decir que una opción es 'menos adecuada'; hay que explicar por qué, con datos objetivos", ha señalado.
Protección de datos, en el aire
La formación ha denunciado también que el sistema de control mediante cámaras de lectura automatizada de matrículas (ANPR) queda sin definir en materia de protección de datos. Señalan que el expediente debería especificar qué datos serán captados, cuánto tiempo se conservarán, quién tendrá acceso a ellos, con qué finalidad, qué medidas de seguridad se aplicarán y cuál será la base jurídica del tratamiento. “No podemos aprobar una regulación que contempla sistemas automatizados de control y dejar para más adelante cuestiones esenciales sobre los datos de los ciudadanos -afirma Sara López-; “la transparencia y la seguridad jurídica tienen que estar garantizadas desde el principio”.
Posponer la aprobación definitiva
Por todo ello, VOX ha pedido que, antes de aprobar definitivamente la ordenanza, se complete el expediente con un análisis específico de la contribución del tráfico a los contaminantes que se pretenden reducir y en qué medida, una evaluación cuantificada del impacto económico y social, una comparación objetiva de alternativas menos restrictivas y la documentación necesaria para concretar el sistema de protección de datos asociado a las cámaras y a la lectura automatizada de matrículas.
VOX ha solicitado que se valore posponer la aprobación definitiva de la ZBE hasta que se complete adecuadamente el expediente y se garantice una verdadera ponderación de los intereses ambientales, económicos y sociales afectados. “Estamos pidiendo que las decisiones que afectan directamente a la movilidad y a la actividad económica de los sorianos estén respaldadas por datos, sean proporcionadas y tengan en cuenta a todos los ciudadanos afectados”, concluye López.
