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La Junta convoca las ayudas para la adquisición de equipos de protección y tareas de desinfección frente al Covid-19

Tu voz en Pinares | 19 de mayo de 2020

Trabajos de desinfección en la residencia El Palacio de Vinuesa.
Trabajos de desinfección en la residencia El Palacio de Vinuesa.

La orden, que aparece hoy en el Bocyl, fija en 2.000 euros la cuantía máxima de la subvención por beneficiario.

Las pequeñas y medianas empresas con centro de trabajo en Castilla y León podrán solicitar desde el miércoles 20 de mayo, ayudas para financiar las inversiones que hayan realizado o tengan previsto ejecutar con el fin de garantizar la máxima seguridad y protección de la salud de sus trabajadores frente a los riesgos del COVID-19.

Esta línea de subvenciones cuenta con una dotación inicial de 1,2 millones de euros, que puede ser ampliable a dos millones. El importe individual de la subvención será del 80 por ciento del gasto aprobado, con un máximo de 2.000 euros por empresa. Las solicitudes deben cursarse a través de la sede electrónica de la Junta.

Esta línea de subvenciones de la Consejería de Empleo e Industria se inscribe en el plan de medidas urgentes y extraordinarias para mitigar el impacto económico y social de esta crisis , que fue acordado en el Consejo del Diálogo Social y refrendado después por la unanimidad de los grupos de las Cortes de Castilla y León.

Con estos incentivos, según se destaca desde la Junta, las empresas podrán financiar en primer término la adquisición de equipos de protección individual (EPIs) -mascarillas, guantes, gafas, pantallas faciales y ropa de protección- siempre que este material cumpla con las disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral dictadas en la normativa referenciada en la convocatoria que hoy publica el Boletín Oficial de Castilla y León.

A su vez, los beneficiarios de las ayudas podrán cubrir gastos derivados de la asistencia externa a la que hayan tenido que recurrir para realizar labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas en respuesta a esta situación de contingencia. También podrán sufragar costes asociados a la contratación de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos de trabajo que puedan constituir población de riesgo frente al COVID-19.

Las inversiones financiables deben ejecutarse en el periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 30 de septiembre de este año y, entre los requisitos exigidos a los beneficiarios se encuentra el de no haber sido sancionados con carácter firme por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en los dos años anteriores.

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