El registro de las oficinas en el Ayuntamiento de Soria pone en evidencia la falta de control y una forma de actuar admitida en el tiempo

Dos décadas con un alcalde como Carlos Martínez Mínguez al frente del Consistorio, manteniendo un equipo de gobierno más o menos continuista, comienza a enseñar sus corruptelas. Quienes hemos seguido de cerca la gestión municipal en estos años apreciábamos una red de clientelismo que, a falta de una investigación exhaustiva y completa, se dejaba notar en la contratación desde el Ayuntamiento con una serie de empresas que se repetían en el listado de adjudicaciones realizadas desde los departamentos municipales.

Para muestra, un botón. El reparto de la publicidad institucional se hace en base a criterios nada objetivos. Si el medio de comunicación está dirigido por alguien afín, que nos cae bien, tiene asegurada una partida; si por el contrario es alguien crítico a quien no seguimos, ni compartimos, las puertas están cerradas.

Tanto en el caso de la publicidad como el de las empresas adjudicatarias o contrataciones de personal de familiares y amigos, seguramente no estén infringiendo la normativa vigente, pero son ya muestras de formas de actuar poco transparentes que esconden detrás intenciones al margen de un funcionamiento normalizado como debería de ser el del Ayuntamiento de Soria.

Me llama especialmente la atención que una vez registradas las oficinas de un Ayuntamiento, con detención a seis personas, - una de ellas concejal en el Consistorio-, quien ha estado ostentando la presidencia de la corporación local dice estar “tranquilo”. En una situación así, se está de todo menos tranquilo. Es preocupante como aceptamos estas situaciones, las normalizamos y las incluimos en la agenda de hechos posibles que pueden ocurrir sin que nada ni nadie se altere.

Es sorprendente que, pese a contar con personal de Secretaría e Intervención bien remuneradas en el Consistorio soriano,  este tipo de contrataciones con empresas afines, como la que ha disparado las alarmas en la concejalía de medio ambiente, se puedan practicar ante la impunidad general, y que deba ser un Juzgado el encargado de dilucidar sobre estas cuestiones, ya que alguien habrá movido ficha para que esto se esclarezca. ¿Qué no estará pasando en otros departamentos que carecen de una persona capaz de ponerlo en conocimiento de la Justicia?.

Es la segunda ocasión en la que, en unos meses, el registro de Unidades de Policía Judicial irrumpen en oficinas de organismos públicos. La anterior tuvo lugar en el Hospital Santa Bárbara de Soria, y avanzó con la detención de dos personas, en un proceso que continúa abierto, por presunta prevaricación administrativa, y desde la Junta de Castilla y León, lejos de aclarar y aportar informaciones, parece que intentan taparlo como si fuera consecuencia de un pasado remoto.

Mal ejemplo para las nuevas generaciones, a quienes exigimos que contribuyan con la Hacienda pública. Ahora, como no declares un ingreso, por pequeño que sea en la declaración de la renta, prepárate para una dura sanción. Todos somos un todo. Vivimos en un mundo feliz.